Review Question

Durante el sexenio de Felipe Calderón (2006–2012), México experimentó un incremento notable en la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública para hacerle frente al incremento de las organizaciones criminales. Esta militarización generó debates sobre su eficacia, los riesgos para los derechos humanos, el debilitamiento de las instituciones civiles y el impacto en la gobernabilidad democrática. A futuro, la continuidad o retiro del ejército en estas funciones podría reconfigurar el equilibrio civil-militar en México.

Durante el gobierno de la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se aprobó una nueva Ley de Guardia Nacional promulgada el 16 de julio de 2025; la misma representa la reglamentación de la reforma constitucional del 30 de septiembre de 2024. Esta ley abroga la versión anterior de 2020 y transforma a la Guardia Nacional (GN) en una institución con un perfil marcadamente militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Su objetivo principal es consolidar la GN como una "fuerza de seguridad pública profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial" (artículo 4), alineada con la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030.